Editorial

Ley corta de Isapres: solución postergada

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Finalmente, con amplio respaldo opositor se logró aprobar la llamada Ley Corta de Isapres, cuyo objetivo principal era permitir el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema relativos al sistema de cobros a los usuarios, dado que hasta ahora ha sido imposible legislar para que ese sistema de cobro cumpla a su vez lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Pese a que hay consenso hace años sobre la necesidad de modificar el sistema privado de salud, no ha habido una respuesta razonable desde la política, por distintos motivos. Hoy, es un objetivo del oficialismo avanzar hacia una salud totalmente estatal, de acuerdo con lo declarado en el programa de gobierno.

Lo cierto es que el Gobierno carece en esta materia de una estrategia que concite acuerdo entre sus filas.

Pero si bien para un sector los fallos de la CS hacían innecesaria una ley corta que los interpretara -pues la quiebra de las isapres hubiera permitido que la cotización de salud pasara efectivamente al Estado-, un sector más moderado advirtió que ello generaría una gravísima crisis sistémica, dañina para el propio Gobierno, por lo cual era necesario legislar.

Esta última postura, vinculada al llamado socialismo democrático, prevaleció finalmente, pero respecto del problema de fondo -el acceso y la calidad de la salud- se ha impuesto un inmovilismo que se ha vuelto un problema en sí mismo, en ésta como en otras áreas de política pública. Así, se perdió la oportunidad de resolver al menos parcialmente problemas relevantes del sector salud (como las licencias y las preexistencias, por ejemplo), desaprovechando el acuerdo técnico que había logrado una comisión transversal de expertos.

Se consigue, entonces, entregar un respiro momentáneo al sistema de salud, “heredando” la crisis a la siguiente administración. Más que deberse al obstruccionismo de la oposición, como acusan algunas voces, lo cierto es que el Gobierno carece en esta materia de una estrategia que concite acuerdo entre sus filas. Salir del inmovilismo requiere dejar de lado consignas y anteojeras que dificultan buscar acuerdos técnicamente sólidos en los muchos temas pendientes.

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